El fuerte incremento de precios en el mercado de la vivienda de alquiler, así como el desajuste entre la demanda y la oferta, han creado el caldo de cultivo perfecto para el avance de la discriminación racial en el mercado residencial. El segundo informe ¿Se Alquila?: racismo y segregación en el alquiler de la vivienda — elaborado por Provivienda y financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —, presentado este martes, revela que casi en la totalidad de las 100 llamadas realizadas a inmobiliarias en Madrid y Barcelona se aceptaron prácticas discriminatorias explícitas hacia personas extranjeras (99%), frente al porcentaje de 72,5% registrado en 2020. “Que tú quieres un perfil nacional, pues nacional”; “Sin ningún problema, muchas personas lo piden” y “Hoy se puede buscar mejor, hay una demanda tan alta que se puede filtrar muy bien”, fueron algunas de las respuestas de agentes inmobiliarios a las llamadas simulando ser un propietario en busca de inquilinos exclusivamente españoles, según la asociación que trabaja desde 1989 para evitar episodios de exclusión habitacional.
La directora general de Provivienda, Gema Gallardo Pérez, apunta que si bien el encarecimiento ha afectado a toda la población, impacta de manera desproporcionada al colectivo migrante, que ya atravesaba dificultades para acceder a una casa. En tanto, la responsable de investigación de la organización, Elena Martínez Goytre, lamenta que el resultado refleje “la normalización de las prácticas de bloqueo absoluto al acceso residencial por motivo de origen”. “Hay tanta demanda y tan poca oferta que ellos van a filtrar lo que les piden, porque pueden elegir, y desde ahí empiezan a establecer jerarquías entre los potenciales inquilinos”, explica la experta.
En este sentido, se evidenció que algunos agentes intentaban negociar ciertas nacionalidades “con buen perfil” al considerarlas competitivas frente al inquilino nacional. “Entiendo lo que no quieres, pero si me viene gente francesa, americana, inglesa, ¿te interesa?” o “No es lo mismo un inglés o un alemán o un holandés que de cualquier otro país”, fueron algunos de los intentos de persuasión al supuesto arrendador. Provivienda detalla que existe una valoración favorable respecto a la condición económica y hábitos de extranjeros comunitarios, anglosajones o con niveles socioeconómicos elevados. Mientras, para ciudadanos de países de regiones de África, Asia y América Latina — aquellos que migran por motivos económicos —, operan prejuicios como la presunción del impago, malos hábitos y hacinamiento, entre otros.
Responsables de la Dirección General de Gestión Migratoria han comentado en la presentación del informe que “el Gobierno de España trabaja en la actualidad, para combatir la desigualdad y la discriminación, en un plan de integración e inclusión social, que tendrá en la vivienda uno de sus ejes fundamentales de actuación”.